Fue el miércoles 23 de octubre cuando Morena presentó ante comisión de la Cámara de Diputados la supremacía constitucional, una iniciativa que plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda interferir o “echar abajo” la propuesta para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Antes de que Adán Augusto López informara que los cambios en el artículo 1 de la Constitución serían retirados de la iniciativa, la jueza Juana Fuentes había alertado que la supremacía constitucional era una reforma regresiva.
Según la juzgadora, si la propuesta mantenía la reforma al artículo 1 provocaría que la Suprema Corte no pueda defender los artículos de la Constitución, es decir, que los cambios en la Carta Magna no puedan ser impugnados por otro poder.
Sobre el tema, el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, dijo que cualquier poder sin control tiende a abusar. ‘‘Eso desde la historia lo sabemos, por eso desde la Revolución Francesa se dijo que habría separación de poderes y respeto a los derechos humanos, en México no hay una armonía de poderes’’, explicó.
El ministro agregó que en una república democrática siempre debe haber límites y que en nuestro país no existen ahora mismo.
‘‘Es nuestro presente y nuestro futuro lo que puede estar en juego, si estos controles son ilimitados en nuestro país, porque no va a ser solo contra el Poder Judicial, sino que termina revirtiéndose y va a afecta a los ciudadanos’’, dijo Javier Laynez Potisek.
¿Qué es la supremacía constitucional?
Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, explicó que propone que no se tomen en cuenta los amparos en contra de la reforma judicial, esto ante la insistencia de jueces y ministros de frenarla, a pesar de que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión.
“Hemos visto que a pesar de que la Ley de Amparo, en el artículo 61, menciona que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales en materia electoral, hay jueces y magistrados que han intentado “chicanear” el que pueda aterrizar la reforma judicial”, explicó Adán Augusto.
En otras palabras, lo que busca el partido de la 4T es que la Suprema Corte “no puede revisar la constitucionalidad de las normas consagradas en la Constitución”, exclusivamente en el caso de la reforma judicial y no en otras iniciativas.
