La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció este viernes que en la región de la Montaña de Guerrero operan grupos delictivos que mantienen vínculos con sectores de la población, lo cual dificulta las labores de seguridad y genera rechazo al despliegue de las Fuerzas Armadas. Durante su conferencia de prensa matutina en Irapuato, Guanajuato, la mandataria federal subrayó que “Guerrero tiene una situación especial” y destacó la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Para atender este escenario, la Secretaría de Gobernación (Segob) despliega personal territorial que vive de manera permanente en comunidades afectadas. El objetivo es atender directamente las demandas de servicios básicos, facilitar el diálogo y crear las condiciones necesarias para el retorno de familias desplazadas por la violencia. Este esquema se realiza en coordinación con el gobierno estatal y pretende consolidarse como una estrategia de proximidad social.
Respecto al incidente de la semana pasada en Quechultenango, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que una Base de Operaciones Interinstitucionales fue sitiada por entre 60 y 80 personas mientras patrullaba la zona. Un segundo grupo de refuerzo militar también fue cercado, lo que derivó en un forcejeo: un coronel resultó con un corte leve en una mano, mientras que un sargento y un soldado sufrieron golpes sin gravedad. Veintidós civiles presentaron lesiones menores. El personal castrense aplicó la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza y los protocolos de derechos humanos.
La administración federal insiste en que combinar la presencia de seguridad con el trabajo social y la participación comunitaria es clave para debilitar las alianzas entre criminales y población vulnerable en Guerrero.
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