La esposa del exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, reprochó que su captura no haya puesto fin a las redes de extorsión que operan en la región y urgió a los gobiernos federal y estatal a emprender una investigación “transparente y apegada a derecho” contra los auténticos responsables de la violencia. Reyna Alonso Carrasco, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF en Juchitán, afirmó que, si bien su esposo fue detenido el miércoles durante un evento oficial con la Secretaría de Marina, esto no equivale a la solución de los problemas de seguridad que aquejan al municipio.
En declaraciones a medios locales, Alonso Carrasco insistió en que tanto las autoridades como su familia conocen los nombres y domicilios de los que, a su juicio, son “los verdaderos delincuentes” detrás de las extorsiones y amenazas. “Las investigaciones deben llegar hasta donde tengan que llegar, sin distinciones”, apuntó, exigiendo que se profundice en todas las líneas de investigación y se actúe contra quienes permanecen impunes.
La excalada de la tensión se vio agravada tras el retiro de la custodia que protegía a la familia de Sánchez Altamirano, lo que, según la mujer, incrementa el riesgo para su integridad. Destacó, además, la colaboración previa de su esposo con los operativos de seguridad y subrayó la necesidad de garantizarle un proceso justo y sin sesgos.
Finalmente, Alonso Carrasco advirtió que, mientras no se disponga de resultados concretos para desmantelar las estructuras criminales, la detención de un solo funcionario no detendrá las extorsiones ni devolverá la tranquilidad a los habitantes de Juchitán.
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