Olga Sosa Ruiz, senadora del partido Morena, ha hecho serias acusaciones en contra de su colega del Partido Verde, Maki Esther Ortiz Domínguez. Durante una rueda de prensa, Sosa declaró que Ortiz está presuntamente utilizando recursos del Ayuntamiento de Reynosa, que es administrado por su hijo, Carlos Peña Ortiz, para financiar campañas de desprestigio en su contra.
El conflicto entre ambas legisladoras se intensificó durante una discusión legislativa en el Senado, donde se trataba la ley de los Derechos de Autor. En un intercambio que se trasladó a las redes sociales, Maki Ortiz intentó formular una pregunta a Sosa durante su intervención en el plenario, sin embargo, la senadora morenista no permitió la pregunta, provocando así el malestar entre ambas.
Ortiz, a través de un video en redes sociales, explicó que su pregunta se refería a la solicitud de dinero a personas vinculadas con actividades delictivas para financiar la desinformación en medios de comunicación. Dijo que esperaba que Sosa respondiera en algún momento.
Por su parte, Olga Sosa aclaró que su rechazo a la pregunta no tuvo que ver con un intento de evadirla, sino con una supuesta violación de los procedimientos establecidos en el reglamento del Senado. Afirmó que las preguntas deben plantearse durante la intervención y que su colega no cumplió con este protocolo.
La senadora Sosa denunció además el uso de recursos públicos por parte de Maki Ortiz, sugiriendo que los fondos de los ciudadanos estaban siendo empleados para hostigar a figuras políticas, incluida ella misma. En sus declaraciones, Sosa enfatizó la ironía de que Ortiz criticara el uso de financiamiento para campañas de desacreditación, cuando, según Sosa, ella misma es parte del problema.
La confrontación ha resaltado no solo las tensiones entre ambas legisladoras, sino también el uso de recursos públicos en la política local. Sosa añadió que ha sido objeto de ataques constantes en los últimos tres años, lo que la llevó a cuestionar la ética de las acciones de su oponente.
Este episodio plantea significativas preocupaciones sobre la transparencia y el respeto a las normativas dentro del ámbito legislativo y político en Reynosa.
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