La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la detección de una red delictiva que está utilizando la firma falsificada de Raquel Buenrostro para extorsionar a proveedores del Gobierno federal. Según el informe de las autoridades, individuos no identificados han estado utilizando papelería institucional y una firma apócrifa de la titular para simular investigaciones y exigir pagos a empresarios bajo la amenaza de posibles irregularidades administrativas.
El modus operandi de esta red se basa en crear oficios falsos que intimidan a contratistas del sector público. Estos documentos, elaborados con sellos oficiales, presuponen que exista una investigación en curso en contra de las empresas, generando miedo y, en consecuencia, exigiendo compensaciones económicas ilegales para cesar las supuestas indagatorias.
Dentro de la red de corrupción, se incluye de manera indebida a personal ministerial, siendo mencionada la figura de Ulises Lara López, exfiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Los extorsionadores afirmaban tener la capacidad de influir en sus decisiones para detener procesos legales a cambio de dinero.
La denuncia formal fue presentada el 6 de agosto de 2026 por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad. El expediente correspondiente ha sido registrado ante el Ministerio Público de la Federación como clave FED/CDMX SZS/0003777/2026.
El caso se inició tras una denuncia ciudadana a finales de julio, cuando se informó de un oficio que, al ser revisado por Buenrostro, fue rápidamente desmentido. La Secretaría subrayó que los documentos y directrices encontrados, datados el 4 de junio de 2026, no habían sido emitidos por ningún área oficial.
Frente a esta situación, la dependencia ha instado a la iniciativa privada a estar alerta contra posibles engaños, reiterando que ningún procedimiento administrativo debe ser interrumpido a cambio de depósitos o pagos a terceros. Actualmente, la FGR mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables de esta actividad delictiva.
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