La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, solicitó formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión exhaustiva de las licitaciones públicas asignadas a dos empresas proveedoras de material electoral vinculadas con exempleados del instituto. La petición se produce en medio de señalamientos de posibles actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran al exchofer de la funcionaria y al encargado de despacho de la Dirección de Administración.
En un comunicado, Taddei Zavala aclaró que las personas señaladas ya no forman parte de la plantilla laboral del INE, pese a que estuvieron adscritas a la Presidencia del Consejo. Asimismo, informó que el Órgano Interno de Control (OIC) iniciará investigaciones sobre el desempeño y las declaraciones bajo protesta de decir verdad de ambos exempleados, quienes no reportaron conflicto de interés ni relación previa con las proveedoras durante su paso por el organismo.
La medida responde a versiones periodísticas que apuntan a que Jonathan Navarrete Torres y Jesús Octavio García fungieron como apoderados legales de las compañías Cajas Graf y Corporativo ZEG, registradas como proveedoras del INE poco después de la toma de posesión de Taddei. Estas empresas enfrentan, además, indagatorias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Federal de Competencia Económica por presuntas prácticas monopólicas y vínculos con organizaciones delictivas.
La consejera presidenta enfatizó que el instituto colaborará con toda la información requerida sin interferir en el proceso de auditoría y llamó a partidos políticos y actores públicos a mantener una actitud responsable para no desestabilizar la institución ni desviar el foco de los canales democráticos de competencia electoral.
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