El Consejo de Rancheros del Área Natural Protegida Sierra La Laguna advirtió que la propuesta de expropiación de terrenos impulsada por el gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Castro Cosío, carece de viabilidad legal y podría generar un nuevo foco de conflicto social. Según los ganaderos locales, la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, declarada Área Natural Protegida en 1994 y con una extensión de 112 437 hectáreas, ya cuenta con un marco normativo federal que regula la propiedad, posesión y aprovechamiento de sus predios.
Para que el Estado concrete una expropiación es necesario acreditar una causa de utilidad pública, así como seguir los procedimientos establecidos en la ley. Sin embargo, activistas y organizaciones civiles que promueven la medida aducen que la adquisición forzosa es indispensable para reforzar la conservación ambiental. Frente a ello, los habitantes de la zona alertan sobre el riesgo de despojo a comunidades que, aunque carecen de títulos formales, mantienen una relación histórica con la tierra y contribuyen al turismo de bajo impacto.
Rosario Guadalupe Rosas, integrante del Consejo de Rancheros y con tres décadas de experiencia en el sector, expresó su rechazo a “una solución que implique arrebatar derechos de propiedad o posesión a quienes han vivido durante generaciones en la reserva”. De acuerdo con los ganaderos, la aplicación del Programa de Manejo vigente ofrece mecanismos suficientes para compatibilizar la conservación ecológica con las actividades económicas tradicionales, sin recurrir a la expropiación.
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