La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se encuentra en el centro de un escándalo tras la revelación de que habría otorgado al menos ocho plazas para empleados conocidos como «aviadores». Según testimonios recabados de fuentes internas de la oficina de Taddei, estos puestos habrían sido utilizados para favorecer a trabajadores leales pero sin experiencia, a menudo identificados como «los sobrinos de Taddei».
Entre los casos destacados se encuentran dos empleados que recibían salarios mensuales de 55 mil pesos en Campeche y 80 mil pesos en Morelos, justo en los estados donde las empresas de Alfredo Hernández tenían contratos significativos relacionados con papelería electoral. Las acusaciones apuntan a fraudes y desvíos de recursos que ya están bajo investigación.
En el caso más notorio, Jonathan Navarrete Torres, quien ocupaba una plaza de chofer, logró mantener simultáneamente una representación legal en las empresas de Hernández, mientras que otra persona realizaba efectivamente sus funciones en el INE. Similarmente, Octavio Grijalva, aunque había renunciado a su puesto, continuó cobrando un salario de 90 mil pesos al mes durante al menos seis meses posteriores a su salida.
Las investigaciones también han revelado que las plazas de «aviadores» en el INE variaban entre 38 mil a más de 90 mil pesos mensuales. Se menciona que otros «trabajadores» de la institución cobraban como asesores sin haber sido observados en sus funciones.
Con un presupuesto de aproximadamente 70 millones de pesos asignados para la operación de su oficina en 2026, la auditoría de las finanzas generadas podría arrojar comprobaciones sobre gastos trivializados como la compra de alimentos y otros materiales sin justificación. Ante este contexto, la Auditoría Superior de la Federación ha enviado auditores para suprvisar el trabajo de los auditores internos del INE, aumentando la presión sobre Taddei y las operaciones de su administración.
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